En 2018 nuestra firma asumió la defensa de un caso que, tras más de ocho años de litigio, concluyó con sentencia absolutoria. No lo traigo aquí para hablar del resultado, sino de tres realidades que ese proceso dejó en evidencia: la pena de banquillo como fenómeno estructural del sistema penal, el valor de la prueba tecnológica como herramienta de defensa, y el papel que la jurisprudencia constitucional juega en la protección de garantías fundamentales.

1. La pena de banquillo

La pena de banquillo no es una figura del derecho positivo. Es una realidad del sistema: el proceso penal como castigo en sí mismo, independiente de la sentencia. Durante casi una década, nuestro cliente cargó con el señalamiento público, la estigmatización y el desgaste personal de haber sido llevado a juicio por un delito que no cometió. Fue absuelto. Pero esos ocho años no los recupera nadie.

En Colombia, una persona puede perder su reputación, sus relaciones, su posición y en muchos casos su libertad antes de que un juez determine si es responsable o inocente. El sistema lo permite. Y en casos de alta exposición pública, la opinión pública ha dictado sentencia mucho antes que el juez.

Para los empresarios y directivos, este riesgo es especialmente grave. Una investigación penal o disciplinaria no es solo un problema jurídico: es un evento de reputación, de gobierno corporativo y de continuidad del negocio.

La conclusión es directa: la estrategia de defensa no puede construirse únicamente para el juicio oral. Debe construirse para gestionar los riesgos del proceso en su totalidad, desde la investigación preliminar hasta la sentencia ejecutoriada.

2. La prueba tecnológica como eje de defensa

El caso correspondía al delito de violencia intrafamiliar agravada. La tesis de defensa era jurídicamente sólida: entre las partes jamás existió el vínculo familiar que el tipo penal exige. Para que exista el delito debe demostrarse, entre otros requisitos, convivencia real y sostenida, con responsabilidades compartidas y proyecto de vida en común. La Fiscalía sostuvo durante años que esa convivencia existía. Los datos demostraron que no.

Las estrategias de defensa convencionales se habían mostrado insuficientes. Optamos por la prueba tecnológica como eje estructural. Con autorización judicial debidamente obtenida, solicitamos a la operadora de telefonía los datos de georreferenciación y celdas de ubicación del número de la denunciante durante el período investigado.

Nuestra decisión se sustentó en estándares probatorios consolidados en la jurisprudencia norteamericana, especialmente en el caso Carpenter vs. United States, en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció el valor constitucional del análisis de datos de localización. Era un enfoque incipiente en la práctica colombiana, pero técnicamente riguroso y probatoriamente idóneo.

El análisis de los datos fue determinante: la trazabilidad de la ubicación geográfica evidenció, de manera consistente y verificable, que no existía coincidencia espacial que permitiera inferir convivencia. La juez valoró la prueba con rigor y emitió sentencia absolutoria. Calificó nuestra estrategia como ‘particular’. Nosotros lo entendemos de otra manera: era la defensa que el caso requería.

La prueba tecnológica dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad ineludible de la defensa penal. Ignorarla equivale a renunciar a una herramienta que hoy puede definir el rumbo de un proceso penal.


Lo que esto significa para las empresas y sus directivos

Las dimensiones que presentamos aquí convergen en un mismo punto: el riesgo penal para las empresas y sus directivos no comienza con la imputación. Comienza con la investigación. Y la estrategia debe construirse antes de que el proceso tome forma.

Una defensa penal efectiva en el contexto empresarial requiere comprender no solo el derecho penal, sino el contexto corporativo del caso: las implicaciones de reputación, las obligaciones de gobierno corporativo, las decisiones que cada actuación procesal genera hacia adentro y hacia afuera de la organización.

Si su empresa o sus directivos enfrentan una investigación penal, disciplinaria o sancionatoria, conversemos antes de que el proceso tome forma.

Javier Benavides Abogados

Gestión estratégica de riesgos legales y empresariales